Fuente: Canarias ahora
La valoración económica aproximada de los daños al patrimonio público causado por la concesión de más de 200 licencias urbanísticas supuestamente ilegales en el municipio de Arona asciende a unos 42 millones de euros. No obstante, esta cantidad podría aumentar, ya que se trata de una primera estimación, y la Fiscalía, que ha elevado una querella criminal contra el alcalde, José Alberto Rodríguez Reverón (Coalición Canaria) y el concejal de Urbanismo, Manuel Barrios (Centro Canario), está en proceso de practicar las pruebas necesarias para determinar con mayor exactitud el daño causado al erario público. El propio alcalde reconoció en enero pasado, en una reunión con vecinos afectados por el Plan General, que su casa (casa de la familia) en el muncipio de Arona también es ilegal.
La Fiscalía delegada de Medio Ambiente interpuso una querella criminal contra el alcalde y el concejal de Urbanismo de Arona por un delito continuado contra la ordenación del territorio, por la sistemática concesión de licencias urbanísticas (en la denuncia se contabilizan 213) y por delito continuado de prevaricación, por la contratación sistemática de contratos menores a 12.000 euros para evitar el concurso público (se denuncian 79 casos).
El juzgado de Instrucción número 8 de Arona, que lleva la causa, tuvo que enviar varios agentes judiciales al Ayuntamiento la semana pasada para impedir el acceso a los locales donde se encontraban los expedientes, antes de proceder posteriormente a su traslado al Juzgado.
Los primeros 213 casos investigados se refieren a concesión de licencias urbanísticas, de los que 191 son licencias de obra mayor, 9 por licencias de primera ocupación, 3 por licencias de segregación, 7 por licencias de obra menor y una por cambio de uso.
En el expediente se investigan 120 casos por sistemática concesión de licencias (la mayoría de obra mayor) por vulneración de las normas urbanísticas y con la advertencia de esta circunstancia (ya que la amplia mayoría tiene informes desfavorables de los servicios jurídicos municipales y del secretario municipal), lo que constituiría un delito continuado contra la ordenación del territorio.
En un segundo grupo, hasta 93 casos, se agrupan los casos de licencias que infringen la normativa urbanística por causas diversas: ser contrarias a las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, contravenir el Plan General de Ordenación Urbana vigente en Arona (al estar el Plan en procedimiento de revisión han de ajustarse al planeamiento vigente) y sus normas urbanísticas y licencias contrarias al Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo de Canarias.
También en este grupo figuran licencias contrarias a los artículos 170.4 y 5 del Decreto Legislativo 1/2000, en cuando no han obtenido la autorización previa exigida por la legislación sectorial de aplicación o la calificación territorial, por ser contrarias al Plan General en revisión, por infringir las normas de habitabilidad, funcionalidad y seguridad y licencias contrarias al reglamento de planeamiento, a un Estudio de Detalle y al mismo Decreto Legislativo 1/2000.
79 contratos a dedo
La segunda parte del expediente judicial incluye la investigación de 79 contratos adjudicados sin concurso público, a dedo, para lo que fue necesario su fraccionamiento. Es decir, para no sacar a concurso público un contrato de 60.000 euros, por ejemplo, se dividía cinco veces en contratos de 12.000 euros, otorgándose al mismo adjudicatario.
La mayor parte de estos contratos se adjudicaron a Félix Quemada Nieto, a quien fuentes de la investigación sitúan en la órbita de Manuel Barrios, y a las empresas Ferralla Santana SL, Construcciones Pepe de la Rosa, SL y Flores y Plantas del Noroeste SLU.
Por este motivo, se ha interpuesto la querella criminal por un delito continuado de prevaricación contra el concejal de Urbanismo, Manuel Barrios, y el alcalde, José Alberto González Reverón.
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